Qué pasó y por qué es clave
Un partido que sumó cerca de 900 mil votos terminó sin $628 millones de pesos. Así de simple. El Partido de la Gente (PDG) perdió el financiamiento estatal de 2024 después de que el Servel rechazara, una y otra vez, sus balances por irregularidades contables y ausencia de respaldos.
La controversia arrancó en noviembre de 2023, cuando el organismo comunicó la primera negativa. A partir de ahí, el PDG entró en una carrera contra el calendario: presentó cinco versiones distintas de sus informes durante más de un año, pero nunca logró despejar todas las objeciones a tiempo para mantener el aporte de ese ejercicio.
- 33 reparos a los movimientos financieros del partido.
- Faltaban 22 comprobantes de ingresos por más de $502 millones.
- No hubo respaldo para 247 boletas o facturas de gastos por $373 millones.
- El balance fue aprobado el 12 de marzo de 2025.
- El aporte estatal correspondiente a 2024 ya no se cursó.
El presidente del partido, Rodrigo Vattuone, puso la lupa en los tiempos de revisión del organismo para explicar la demora. Aun así, los antecedentes muestran que el problema central fue la falta de documentación contable suficiente para acreditar ingresos y gastos, el estándar mínimo para que el financiamiento público se libere.
Cuando llegó la aprobación, en marzo de 2025, el daño financiero ya estaba hecho: el PDG perdió el pago del periodo 2024 y tuvo que rearmar su presupuesto con la caja más estrecha, justo después del impulso que dejó la candidatura presidencial de Franco Parisi y su votación de 900 mil sufragios.
Qué implica para el PDG y el sistema
El financiamiento estatal cubre lo que no se ve en campaña: sueldos de equipos, arriendos de sedes, sistemas de contabilidad, capacitación de militantes y despliegue territorial. Sin esos $628 millones de pesos, el PDG debe ajustar gastos, priorizar territorios y buscar alternativas dentro de lo permitido por la ley, como aportes privados con tope, trazabilidad y registro.
En Chile, los aportes públicos a partidos se calculan a partir de su fuerza electoral y se pagan bajo una condición básica: que el partido rinda cuentas, entregue respaldos y obtenga la revisión favorable de su contabilidad. Si faltan boletas, facturas o contratos, el pago se detiene. La idea es simple: transparencia a cambio de recursos del Estado.
El caso del PDG revela una tensión conocida cuando una colectividad crece muy rápido: más votos traen más dinero y más obligaciones. Si el partido no invierte a tiempo en controles internos, softwares y equipos contables con estándares homogéneos en todo el país, cualquier error en una región puede botar el balance completo.
¿Qué viene ahora? Con los estados aprobados en marzo de 2025, el PDG despeja el principal obstáculo administrativo para adelante, pero no recupera el aporte perdido. Eso obliga a replantear la hoja de ruta: ordenar contratos, revisar procesos de compra, estandarizar respaldos y calendarizar auditorías internas que permitan reaccionar antes de los plazos del organismo.
Para el sistema político, el episodio deja una señal práctica. La supervisión financiera no es una formalidad: es la condición que sostiene la legitimidad del financiamiento público. Y sí, los tiempos de revisión pueden ser duros, pero el margen de maniobra se reduce cuando faltan comprobantes por cientos de millones de pesos. Sin papeles, no hay pago.
El PDG enfrenta ahora un reto doble: reconstruir su capacidad operativa con menos recursos y demostrar, con hechos, que puede profesionalizar sus finanzas al ritmo de su peso electoral. Esa es la prueba que queda después de perder $628 millones.
