Cuando Dina Boluarte, Presidenta de la República fue expulsada del poder en la madrugada del 10 de octubre de 2025, el país quedó con la nariz al aire: José Jerí Oré, Presidente del Congreso tomó el mando en la hora 02:15, mientras el Congreso de la República del Perú registraba 124 votos a favor de la "incapacidad moral permanente". La votación, que superó el umbral constitucional de 87 votos, se dio a la 1:47 a.m. (UTC‑5) en la capital Lima, dejando a la nación a la espera de nuevas elecciones y de un clima económico tambaleante.
Contexto político y constitucional
El artículo 113 de la Constitución peruana permite la remoción del presidente por "incapacidad moral permanente", un cauce que ya había sido activado en tres ocasiones desde 2016. Según el historiador político Guillermo D. Olmo, la sucesión de siete presidentes en nueve años convierte a Perú en una de las democracias más volátiles de América Latina. La última crisis surgió el 1 de octubre, cuando un ataque al concierto del grupo Agua Marina en Miraflores dejó a siete músicos heridos, entre ellos la violinista María Elena Quispe Rodríguez, de 28 años.
Detalles de la votación y alianzas inéditas
Los números hablan por sí solos: Fuerza Popular aportó 21 votos, Alianza para el Progreso 17, Podemos Perú 13, Juntos por el Perú‑Voces del Pueblo 11, Perú Libre 11, Acción Popular 10, Renovación Popular 11, Somos Perú 10, Avanza País 6, Bancada Socialista 5, Bloque Democrático 5 y legisladores sin bloque 4. Lo sorprendente fue el giro de Keiko Fujimori, quien retiró el apoyo de su bloque apenas 72 horas antes de la votación, y Rafael López Aliaga, cuyo partido APP anunció su respaldo el 7 de octubre.
"Esta decisión no es un golpe de Estado, es el ejercicio de la Constitución", declaró el diputado Patricia Chirinos, quien encabezó la moción de vacancia. Su abogado, Juan Carlos Portugal Sánchez, había advertido la madrugada del 9 de octubre que la presidenta no comparecería a la audiencia programada a las 11:30 a.m.; la ausencia selló su destino.
Reacciones de los actores políticos
En un comunicado a las 4:30 p.m. del 9 de octubre, la congresista Chirinos envió notas diplomáticas a los embajadores de Brasil y Ecuador, rechazando cualquier intento de asilo para la mandataria. "El asilo no debe usarse como escudo frente a la justicia nacional", subrayó. Por su parte, la propia Boluarte, a través de su portavoz, afirmó que no renunciaría y acusó al Parlamento de "violar los procesos y crear un clima hostil".
Los analistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderados por el profesor César Nakazaki, cuestionaron la solidez de las acusaciones fiscales que acompañaron la vacancia: "El informe desató críticas por presunto blindaje político y por no evaluar el fondo de las acusaciones", señaló en una entrevista con Infobae.
Impacto económico y social
En menos de 24 horas, el sol peruano se devaluó un 3,2 % frente al dólar, cotizando a 3,852 soles por unidad. El índice S&P/BVL Perú General cayó un 4,7 %, alcanzando los 19 842 puntos. La disminución reflejó la incertidumbre de inversionistas internacionales que temen una nueva inestabilidad institucional antes de las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026.
En la calle, los movimientos fueron contrastantes: alrededor de 12 000 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica marcharon contra el Congreso en la Plaza Bolognesi el 8 de octubre, mientras que 8 500 simpatizantes de Boluarte se congregaron en la Plaza de Armas de Cusco el 6 de octubre, defendiendo la legitimidad de su mandato.
La experta en desarrollo, Dr.ª Maritza Paredes del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), advirtió que "la destitución podría desencadenar una ola de indignación social que sobrepase lo político y se traslade al ámbito cotidiano, como el aumento de protestas y bloqueo de rutas".
Próximos pasos y calendario electoral
Según el artículo 112 de la Constitución, el nuevo mandatario debe convocar a elecciones dentro de los 12 meses siguientes. La Universidad de Lima, a través del profesor Francisco Tudela, explicó que la fecha más próxima sería el 7 de junio de 2026, salvo que el Congreso aprobara una fecha anterior antes del 31 de diciembre de 2025.
Mientras tanto, el gobierno interino de Oré afronta el reto de estabilizar la economía y garantizar la seguridad ciudadana, áreas donde la administración anterior había recibido fuertes críticas. La presión de la oposición y la sociedad civil sugiere que los próximos meses serán un verdadero campo de pruebas para la democracia peruana.
Preguntas frecuentes
¿Qué implica la destitución de Dina Boluarte para la estabilidad política del Perú?
La remoción intensifica la percepción de fragilidad institucional, ya que marca el séptimo cambio presidencial en menos de una década. Los analistas coinciden en que la falta de continuidad dificulta la planificación a mediano plazo y genera incertidumbre entre los inversionistas, lo que se refleja en la devaluación del sol y la caída del índice bursátil.
¿Cuáles son los requisitos constitucionales para convocar nuevas elecciones?
El artículo 112 obliga al presidente en funciones a emitir un decreto de convocatoria en un plazo máximo de 12 meses. Si el Congreso aprueba una fecha distinta antes del 31 de diciembre de 2025, la elección se adelantaría; de lo contrario, la fecha límite sería el 7 de junio de 2026.
¿Qué papel jugaron Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en la votación?
Ambos líderes de bancada cambiaron de postura en los últimos días. Keiko Fujimori retiró el apoyo de Fuerza Popular 72 horas antes del voto, mientras que Rafael López Aliaga, al frente de Alianza para el Progreso, anunció su respaldo el 7 de octubre, sumando 38 votos decisivos al bloque pro‑destitución.
¿Cómo afecta la crisis a la seguridad ciudadana tras el ataque al Agua Marina?
El atentado del 1 de octubre expuso fallas en la protección de espacios culturales y avivó el descontento social. La destitución de Boluarte, quien enfrentaba críticas por la gestión de la seguridad, podría impulsar reformas policiales, aunque también corre el riesgo de que la polémica política desvíe la atención de medidas concretas.
¿Qué implicaciones económicas se prevén después de la caída del sol y la bolsa?
La devaluación del sol en un 3,2 % y la caída del índice S&P/BVL en un 4,7 % sugieren una salida de capitales y mayor costo de financiamiento externo. Los sectores dependientes de importaciones, como la industria alimentaria, podrían ver encarecidos sus precios, lo que alimentará la inflación y presionará aún más a la población.
Un comentario
¡Esto es una manipulación descaradaa del Congreso!
Se están jugando el futuro del país con una jugada de poder que huele a puñalada.
Los votantes merecen estabilidad, no este teatro de traiciones.
Si seguimos así, la gente perderá la fe en la democracia.