Cuando Dina Boluarte, Presidenta de la República fue expulsada del poder en la madrugada del 10 de octubre de 2025, el país quedó con la nariz al aire: José Jerí Oré, Presidente del Congreso tomó el mando en la hora 02:15, mientras el Congreso de la República del Perú registraba 124 votos a favor de la "incapacidad moral permanente". La votación, que superó el umbral constitucional de 87 votos, se dio a la 1:47 a.m. (UTC‑5) en la capital Lima, dejando a la nación a la espera de nuevas elecciones y de un clima económico tambaleante.
Contexto político y constitucional
El artículo 113 de la Constitución peruana permite la remoción del presidente por "incapacidad moral permanente", un cauce que ya había sido activado en tres ocasiones desde 2016. Según el historiador político Guillermo D. Olmo, la sucesión de siete presidentes en nueve años convierte a Perú en una de las democracias más volátiles de América Latina. La última crisis surgió el 1 de octubre, cuando un ataque al concierto del grupo Agua Marina en Miraflores dejó a siete músicos heridos, entre ellos la violinista María Elena Quispe Rodríguez, de 28 años.
Detalles de la votación y alianzas inéditas
Los números hablan por sí solos: Fuerza Popular aportó 21 votos, Alianza para el Progreso 17, Podemos Perú 13, Juntos por el Perú‑Voces del Pueblo 11, Perú Libre 11, Acción Popular 10, Renovación Popular 11, Somos Perú 10, Avanza País 6, Bancada Socialista 5, Bloque Democrático 5 y legisladores sin bloque 4. Lo sorprendente fue el giro de Keiko Fujimori, quien retiró el apoyo de su bloque apenas 72 horas antes de la votación, y Rafael López Aliaga, cuyo partido APP anunció su respaldo el 7 de octubre.
"Esta decisión no es un golpe de Estado, es el ejercicio de la Constitución", declaró el diputado Patricia Chirinos, quien encabezó la moción de vacancia. Su abogado, Juan Carlos Portugal Sánchez, había advertido la madrugada del 9 de octubre que la presidenta no comparecería a la audiencia programada a las 11:30 a.m.; la ausencia selló su destino.
Reacciones de los actores políticos
En un comunicado a las 4:30 p.m. del 9 de octubre, la congresista Chirinos envió notas diplomáticas a los embajadores de Brasil y Ecuador, rechazando cualquier intento de asilo para la mandataria. "El asilo no debe usarse como escudo frente a la justicia nacional", subrayó. Por su parte, la propia Boluarte, a través de su portavoz, afirmó que no renunciaría y acusó al Parlamento de "violar los procesos y crear un clima hostil".
Los analistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderados por el profesor César Nakazaki, cuestionaron la solidez de las acusaciones fiscales que acompañaron la vacancia: "El informe desató críticas por presunto blindaje político y por no evaluar el fondo de las acusaciones", señaló en una entrevista con Infobae.
Impacto económico y social
En menos de 24 horas, el sol peruano se devaluó un 3,2 % frente al dólar, cotizando a 3,852 soles por unidad. El índice S&P/BVL Perú General cayó un 4,7 %, alcanzando los 19 842 puntos. La disminución reflejó la incertidumbre de inversionistas internacionales que temen una nueva inestabilidad institucional antes de las elecciones generales previstas para el 12 de abril de 2026.
En la calle, los movimientos fueron contrastantes: alrededor de 12 000 estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Pontificia Universidad Católica marcharon contra el Congreso en la Plaza Bolognesi el 8 de octubre, mientras que 8 500 simpatizantes de Boluarte se congregaron en la Plaza de Armas de Cusco el 6 de octubre, defendiendo la legitimidad de su mandato.
La experta en desarrollo, Dr.ª Maritza Paredes del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), advirtió que "la destitución podría desencadenar una ola de indignación social que sobrepase lo político y se traslade al ámbito cotidiano, como el aumento de protestas y bloqueo de rutas".
Próximos pasos y calendario electoral
Según el artículo 112 de la Constitución, el nuevo mandatario debe convocar a elecciones dentro de los 12 meses siguientes. La Universidad de Lima, a través del profesor Francisco Tudela, explicó que la fecha más próxima sería el 7 de junio de 2026, salvo que el Congreso aprobara una fecha anterior antes del 31 de diciembre de 2025.
Mientras tanto, el gobierno interino de Oré afronta el reto de estabilizar la economía y garantizar la seguridad ciudadana, áreas donde la administración anterior había recibido fuertes críticas. La presión de la oposición y la sociedad civil sugiere que los próximos meses serán un verdadero campo de pruebas para la democracia peruana.
Preguntas frecuentes
¿Qué implica la destitución de Dina Boluarte para la estabilidad política del Perú?
La remoción intensifica la percepción de fragilidad institucional, ya que marca el séptimo cambio presidencial en menos de una década. Los analistas coinciden en que la falta de continuidad dificulta la planificación a mediano plazo y genera incertidumbre entre los inversionistas, lo que se refleja en la devaluación del sol y la caída del índice bursátil.
¿Cuáles son los requisitos constitucionales para convocar nuevas elecciones?
El artículo 112 obliga al presidente en funciones a emitir un decreto de convocatoria en un plazo máximo de 12 meses. Si el Congreso aprueba una fecha distinta antes del 31 de diciembre de 2025, la elección se adelantaría; de lo contrario, la fecha límite sería el 7 de junio de 2026.
¿Qué papel jugaron Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en la votación?
Ambos líderes de bancada cambiaron de postura en los últimos días. Keiko Fujimori retiró el apoyo de Fuerza Popular 72 horas antes del voto, mientras que Rafael López Aliaga, al frente de Alianza para el Progreso, anunció su respaldo el 7 de octubre, sumando 38 votos decisivos al bloque pro‑destitución.
¿Cómo afecta la crisis a la seguridad ciudadana tras el ataque al Agua Marina?
El atentado del 1 de octubre expuso fallas en la protección de espacios culturales y avivó el descontento social. La destitución de Boluarte, quien enfrentaba críticas por la gestión de la seguridad, podría impulsar reformas policiales, aunque también corre el riesgo de que la polémica política desvíe la atención de medidas concretas.
¿Qué implicaciones económicas se prevén después de la caída del sol y la bolsa?
La devaluación del sol en un 3,2 % y la caída del índice S&P/BVL en un 4,7 % sugieren una salida de capitales y mayor costo de financiamiento externo. Los sectores dependientes de importaciones, como la industria alimentaria, podrían ver encarecidos sus precios, lo que alimentará la inflación y presionará aún más a la población.
Un comentario
¡Esto es una manipulación descaradaa del Congreso!
Se están jugando el futuro del país con una jugada de poder que huele a puñalada.
Los votantes merecen estabilidad, no este teatro de traiciones.
Si seguimos así, la gente perderá la fe en la democracia.
Interesante cómo se ha reconfigurado el escenario político. 😊 La caída del sol y la bolsa son consecuencias lógicas de la incertidumbre. 📉 Pero todavía hay margen para que el nuevo gobierno estabilice la macroeconomía. 🤞 Mantengámonos atentos a los próximos decretos.
Para entender el impacto económico, es clave observar el tipo de cambio y la confianza de los inversionistas. La devaluación del sol en 3,2 % eleva los precios de los alimentos importados, lo que presiona la inflación. Además, la caída del índice S&P/BVL refleja la fuga de capitales. Por eso, el nuevo presidente debe priorizar un paquete de estabilización fiscal y diálogo social para evitar protestas masivas.
Desde una perspectiva institucional, la aplicación del artículo 113 se realizó conforme a los requisitos constitucionales. La mayoría cualificada de 124 votos supera ampliamente el umbral del 55 % necesario. Sin embargo, la rápida sucesión de gobiernos plantea desafíos estructurales que requieren reformas constitucionales para limitar la volatilidad política.
Boluarte ya se fue, lo tenían que remover.
¿Quién está detrás de la sombra que mueve los hilos en el Congreso? La misma élite que siempre ha controlado los recursos del país. Hay pruebas de que los votos fueron “comprados” con promesas de favores futuros. La gente no ve la verdadera cara del poder: una red de intereses que se alimenta del caos. No es coincidencia que la moneda caiga justo después del golpe.
Vamos a mantener la esperanza, la democracia tiene capacidad de renacer después de los golpes. Si todos participamos en el proceso electoral, podemos escoger un liderazgo más responsable. La unidad social será nuestro mejor escudo contra la manipulación.
El país necesita estabilidad. El nuevo presidente debe enfocarse en la economía y la seguridad. Es importante que la gente vote en las próximas elecciones.
vaya situación el peru está en crisis la gente está preocupada por la inflación y la seguridad la política parece no tener fin
Aunque la narrativa dominante presenta la destitución como una necesidad institucional, es posible argumentar que el proceso ha sido manipulado para favorecer a intereses particulares. El análisis crítico revela que la rapidez del voto y la ausencia de una audiencia pública debilitan la legitimidad del acto.
La destitución de Dina Boluarte representa un punto de inflexión crítico en la trayectoria democrática del Perú.
En primer lugar, el hecho de que 124 congresistas hayan votado a favor indica una profunda ruptura de alianzas tradicionales.
En segundo lugar, la rapidez con la que se ejecutó el proceso sugiere una falta de deliberación suficiente.
Además, la retirada del apoyo de Fuerza Popular por parte de Keiko Fujimori apenas 72 horas antes del voto pone en evidencia la volatilidad de los bloques parlamentarios.
Por otro lado, el respaldo tardío de Rafael López Aliaga demostró que los intereses coyunturales pueden revertir decisiones previamente previstas.
Desde una perspectiva económica, la devaluación del sol y la caída del índice bursátil son síntomas de una pérdida de confianza que podría traducirse en mayores costos de financiación para el Estado.
Esta inestabilidad también afecta a los sectores productivos, particularmente a aquellos que dependen de insumos importados, cuyos precios se disparan.
Socialmente, la protesta de estudiantes y simpatizantes de la expresidenta refleja una polarización que amenaza la cohesión nacional.
Los analistas advierten que la desconexión entre la élite política y la ciudadanía puede desencadenar movimientos sociales más intensos, como bloqueos de rutas y ocupaciones.
En el marco constitucional, el artículo 112 obliga al mandatario interino a convocar elecciones dentro de los doce meses, pero la fecha exacta dependerá de la capacidad del Congreso para aprobar un calendario.
Si el proceso electoral se adelanta, podría haber una oportunidad para que la ciudadanía exprese su descontento mediante el voto; sin embargo, si se retrasa, el desencanto podría traducirse en desobediencia civil.
La comunidad internacional observa con cautela, pues la percepción de un Perú inestable afecta la inversión extranjera y la asistencia multilateral.
En síntesis, el país se encuentra en una encrucijada donde la estrategia del nuevo gobierno interino será decisiva para restaurar la confianza institucional.
Un enfoque equilibrado que combine reformas económicas, diálogo social y garantías de seguridad será esencial para evitar una espiral descendente.
Finalmente, la participación activa de la sociedad civil y la vigilancia ciudadana son pilares fundamentales para consolidar la democracia y prevenir futuros vacíos de poder.
En síntesis, la coyuntura implica un realineamiento estructural de los indicadores macro‑financieros y una reconfiguración del paradigma político; la adopción de medidas de estabilización será imperativa
Sin embargo, el supuesto “realineamiento” es una fachada; lo que realmente ocurre es la consolidación de una oligarquía que manipula los indicadores para beneficio propio, dejando al ciudadano común atrapado en una espiral sin salida
¡Vaya drama! 😱 La gente está cansada de estas jugadas de poder, y los emojis no van a cambiar la realidad, pero al menos expresan nuestro enojo.
Desde la perspectiva de la gobernanza, la implementación del artículo 113 requiere una evaluación de impacto normativa que aún no se ha publicado; la transparencia en el proceso es clave para legitimar la destitución.
¿Cómo influirá la caída del sol en el precio del pan y la leche? La gente necesita respuestas claras y accesibles para entender el impacto cotidiano.