Cuando el gobierno ecuatoriano aprobó el presupuesto para 2026 por un total de 46.255 millones de dólares, no fue solo una cuestión de cifras en una hoja de cálculo. Era un acto de equilibrio financiero sobre una cuerda floja.
La medida fue ratificada por la Asamblea Nacional con 78 votos a favor, presentada por el Ejecutivo el 31 de octubre de 2025. El presidente Daniel Noboa Presidente de la República enfrenta una realidad incómoda: un tercio de este presupuesto depende totalmente de financiación mediante deuda. En términos claros, el estado necesita pedir prestado dinero no solo para cubrir lo que gasta hoy, sino también para pagar obligaciones anteriores.
El dilema de la consolidación fiscal
El detalle es que el marco presupuestario se diseñó bajo la premisa de la consolidación fiscal, pero sin fuentes permanentes de ingresos suficientes. Los datos son concretos y reveladores. Los ingresos corrientes se estiman en 21.679 millones de dólares, mientras que los ingresos de capital llegan a 8.470 millones. El resto, una cifra considerable de 16.104 millones, debe obtenerse mediante endeudamiento.
Esto plantea una tensión estructural enorme. Los requisitos totales de financiación para 2026 ascienden a 16.135 millones de dólares, lo que equivale al 11,6 por ciento del PIB. Si nos detenemos a analizar esto, veríamos que el déficit global es del 3,9 por ciento del PIB, y las amortizaciones de deuda representan otro 7,7 por ciento. Básicamente, el Estado ecuatoriano está usando gran parte de su capacidad financiera para servir a la deuda acumulada en lugar de financiar nuevas obras públicas.
La reforma Cootad y el reto local
Aquí viene el giro inesperado en la estrategia gubernamental. Para forzar disciplina, el gobierno ha recurrido a una herramienta jurídica reciente: la reforma al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad), que entró en vigor el 22 de febrero de 2026. La lógica parece sencilla, pero las consecuencias pueden ser severas para los alcaldes y prefectos.
Bajo esta nueva normativa, los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) deben destinar al menos un 65 por ciento de sus recursos a inversión pública en 2026. Ese porcentaje subirá al 68 por ciento en 2027 y al 70 por ciento en 2028. Si fallan en cumplir este objetivo, el gobierno central tiene la llave para reducir drásticamente sus transferencias.
El control comenzará el 1 de diciembre de 2026. Se verificará si entre junio y esa fecha se cumplió el umbral del 65 por ciento. Antes de esta reforma, el Ministerio de Planificación contemplaba asignar 3.650 millones de dólares a las prefecturas y municipios bajo el Modelo de Equidad Territorial. Con la nueva ley, esas cifras están en jaque.
Análisis económico y proyecciones de recorte
Para entender el impacto real, hablemos con Daniel Lemus Director de centro de políticas públicas de la ESPOL. Según Lemus, si se mantiene la asignación base de 3.650 millones y ningún GAD logra el 65 por ciento en inversión, los recobios del gobierno central caerían significativamente.
Se estima un descenso de las asignaciones desde los 3.268 millones actuales hasta aproximadamente 2.300 millones. Eso representa un corte potencial de casi 968 millones de dólares en el gasto central destinado a lo local. Para ponerlo en contexto humano, esa suma es comparable al presupuesto anual completo para el Bonode Desarrollo Humano y el programa de los mil días contra la desnutrición infantil, que ronda los 808 millones anuales. Es decir, o se invierte en obras locales o se corta el dinero para bienestar social nacional.
Lemus advierte que estas cifras dependen de la recaudación real de impuestos y ventas petroleras en 2026. Sin embargo, la estructura rígida sugiere que la presión será constante. Además, el impuesto al valor agregado (IVA) aportará unos 8.999 millones, mientras que el Impuesto a la Renta generará cerca de 5.100 millones. Son números esperados, pero en un entorno macroeconómico volátil, cualquier variación afecta la estabilidad de estos planes.
Rigidez salarial y reducción de inversión
Otro aspecto preocupante es el peso de la nómina estatal. A pesar de la reducción de doce ministerios y la consolidación de entidades bajo el Plan de Eficiencia Administrativa 2025, el gasto en personal sigue siendo dominante. Se destinaron más de 10.079 millones de dólares para salarios y beneficios laborales, lo que constituye el 43 por ciento del gasto corriente total.
El plan anual de inversión muestra una contracción de aproximadamente 200 millones de dólares respecto al presupuesto de 2025. Esto limita la capacidad del país para desarrollar infraestructura y fortalecer servicios esenciales como educación, salud y seguridad. En resumen, el ajuste cae sobre la inversión, que actúa como la variable elástica del sistema.
Qué esperar en el corto plazo
El entorno presupuestario de 2026 es más restrictivo que el de 2025. Las proyecciones apuntan a un crecimiento económico más lento y precios del petróleo más bajos. La necesidad de financiación elevada y la rigidez en el gasto crean un escenario donde la flexibilidad para reactivar la economía es mínima.
La servicialidad de la deuda se ha convertido en una de las presiones fiscales más grandes. El estado dirige más recursos al pago de obligaciones previas que a financiar obras públicas. Es un ciclo difícil de romper sin encontrar nuevas fuentes de ingreso permanente, algo que la agenda política actual aún no ha logrado materializar.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto dinero dependerá de préstamos en el presupuesto 2026?
Aproximadamente un tercio del presupuesto total, equivalente a unos 16.104 millones de dólares, se financiará mediante deuda. Esto significa que para cada dólar gastado, el Estado necesitará gestionar fondos externos o emitir bonos para cubrir el saldo.
¿Qué pasa si los ayuntamientos no cumplen la meta del 65% en inversión?
El gobierno central puede reducir las transferencias. Los expertos calculan que podría haber un recorte de hasta 968 millones de dólares en las asignaciones permanentes si los GAD no destinan ese porcentaje obligatorio a obras de inversión pública.
¿Qué porcentaje del gasto va a salarios de funcionarios?
A pesar de recortes administrativos, el 43% del gasto corriente, más de 10.079 millones de dólares, se destina a pagos de personal y beneficios laborales, lo que limita la disponibilidad de fondos para otros sectores.
¿Cuándo se empezará a vigilar el cumplimiento de la reforma Cootad?
El monitoreo oficial comenzará el 1 de diciembre de 2026, verificando los gastos realizados desde el 1 de junio de ese mismo año para asegurar que se alcanzó la meta del 65% en inversiones durante el periodo inicial.
